Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, cada vez más hogares carecen de automóvil propio por motivos económicos. El estudio, que incorpora un apartado específico sobre ‘carencias materiales’, refleja un deterioro sostenido desde 2018 en la capacidad de las familias para disponer de un vehículo.

Ese año, el 5,1% de la población declaraba no poder permitirse un coche; en 2025 el porcentaje asciende ya al 5,4%. Aunque el incremento pueda parecer moderado en términos relativos, se traduce en miles de hogares adicionales sin acceso a un medio de transporte propio.

El problema se repite en prácticamente todos los tramos de edad, lo que indica que no es una anomalía de un grupo concreto, sino una tendencia de fondo ligada al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de capacidad adquisitiva.

Jóvenes, los más golpeados

El impacto es especialmente severo entre los menores de 45 años. En la franja de 30 a 44 años, el porcentaje de personas que no puede tener coche ha pasado del 5,9% en 2018 al 7,4% en 2025, un salto que evidencia cómo incluso en la etapa vital de mayor actividad laboral y familiar el vehículo se ha convertido en un bien cada vez más inaccesible.

Entre los 16 y los 29 años la evolución también es negativa: desde 2019 la situación se deteriora año tras año hasta alcanzar un 7,1% de jóvenes que no pueden comprarse un automóvil. En la práctica, esto significa menos opciones para buscar empleo lejos del lugar de residencia, más dependencia del transporte público y más barreras para emanciparse, sobre todo en zonas con mala conectividad.

Precios al alza y salarios estancados

Los datos del INE encajan con dos fenómenos que se arrastran desde hace años: por un lado, el fuerte encarecimiento de los vehículos, tanto nuevos como usados; por otro, la falta de avance real de los salarios. En el mercado de coches nuevos, distintos análisis apuntan a subidas medias superiores a los 10.000 euros desde 2019, impulsadas por normativas más exigentes, inflación de costes y una oferta cada vez más orientada a modelos caros y muy equipados.

Al mismo tiempo, los salarios reales de los trabajadores españoles llevan prácticamente tres décadas estancados, lo que erosiona la capacidad de compra incluso en un contexto de crecimiento macroeconómico proclamado desde el Gobierno. La combinación de sueldos planos y coches más caros deriva en un escenario en el que disponer de vehículo propio -ya sea nuevo o de segunda mano- deja de ser un estándar de clase media y se convierte en un lujo inalcanzable para una parte creciente de la población.

Síntoma de empobrecimiento

Que aumente el número de personas sin acceso al coche tiene implicaciones que van más allá de la movilidad: condiciona el tipo de empleo al que se puede optar, limita la conciliación y reduce la autonomía en el día a día, especialmente en municipios pequeños o áreas metropolitanas mal servidas por el transporte público. Esta realidad contrasta con el relato optimista que el presidente del Gobierno repite sobre la supuesta fortaleza de la economía española, mientras indicadores básicos de bienestar, como la capacidad de comprar alimentos proteicos con regularidad o disponer de un automóvil, muestran claros signos de retroceso.

En paralelo, el giro institucional hacia políticas que desincentivan el uso del coche privado en los centros urbanos -como ha defendido el propio director de la DGT- añade una capa más al debate. Para quienes ya no pueden permitirse un vehículo, la “ciudad sin coches” no es una opción de movilidad sostenible elegida, sino una imposición derivada de su deterioro económico.

El incremento del porcentaje de hogares que renuncian al automóvil no responde a un cambio cultural masivo a favor de la renuncia voluntaria al coche, sino, según revelan las preguntas del INE, a la imposibilidad económica de adquirirlo o mantenerlo. La encuesta apunta así a un proceso de empobrecimiento silencioso: el coche, durante décadas símbolo de progreso y ascenso social, se convierte en un termómetro del poder adquisitivo real de las familias. Y ese termómetro, a la luz de las últimas cifras, marca claramente descenso